Viviendas y edificaciones destinadas a microempresas tendrían hasta el 31
de diciembre de 2025 para regularizarse
En una próxima sesión ordinaria, los congresistas votarán la moción de los
senadores Rincón, Gatica, Sandoval y Walker, luego de que fuera respaldada
por la Comisión ad hoc.
En condiciones de ser analizada y votada por la Sala, quedó una moción de
los senadores Ximena Rincón, María José Gatica, David Sandoval y Matías
Walker, y del ex parlamentario, Álvaro Elizalde, que pretende extender la
vigencia de la Ley del Mono (N° 21.898). Ello, luego que los integrantes de
la Comisión de Vivienda y Urbanismo, aprobaran la iniciativa, en general y
particular.
Dicho cuerpo legal contiene, procedimientos simplificados, tanto para la
regularización de viviendas como de edificaciones destinadas a
microempresas inofensivas o equipamiento social, que no cuentan con los
permisos respectivos o teniéndolos, no han tenido la recepción definitiva.
La idea es que, normalizando su situación, estos inmuebles puedan postular
a subsidios y otros beneficios estatales.
La propuesta -en primer trámite- pretendía, originalmente, ampliar por dos
años, el plazo que tienen los propietarios de los distintos tipos de
edificaciones incluidas en la Ley del Mono, para ponerse al día.
Tras varias postergaciones, el pasado 4 de febrero expiró el plazo para
este trámite, pero muchos propietarios no hicieron uso de la ley como
consecuencia del estallido social, la pandemia, el paulatino retorno a la
normalidad y la crisis económica haciendo necesaria una nueva prórroga.
En la Comisión, se hizo presente que la ley N° 21.558, publicada
recientemente, ya extendió el plazo para regularizar viviendas hasta el 31
de diciembre de 2025, por lo que, se consideró un texto sustitutivo,
elaborado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que acota el alcance
de la moción a las microempresas inofensivas o equipamiento social.
De esta forma, los senadores Fidel Espinoza (presidente), Claudia Pascual,
María José Gatica y David Sandoval votaron a favor en general y particular
la propuesta que, en definitiva, permitirá que tanto los propietarios de
viviendas como de microempresas inofensivas o equipamiento social puedan
regularizar su situación hasta el 31 de diciembre de 2025.
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